SOBRE EL PODER JUDICIAL

Una cosa no es justa por el hecho de ser ley.
Debe ser ley porque es justa.
Charles Louis de Secondat, Montesquieu.

Se trataba de la división de poderes, no de que los poderes estuviesen divididos. La división de poderes garantiza la independencia de los mismos, respecto a ellos, legislativo, ejecutivo y judicial, como requisito sine qua non del control democrático. La realidad nos revela que la única división existente de facto se da entre conservadores y progresistas, por definirlos con terminología académica, o entre PP y PSOE a decir verdad. En lugar de independencia tenemos dependencia, dependiendo de quién gobierne la balanza se decanta a un lado o a otro, como consecuencia la justicia se tambalea.

La Constitución española de 1978 en su artículo 1, indica que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Para posteriormente desarrollar el Poder Judicial en el Título VI de la CE del 78, así como en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La Constitución garantiza los principios esenciales en los que debe fundamentarse el Poder Judicial, la imparcialidad, la independencia, la inamovilidad, la responsabilidad y la legalidad. Cualquiera podría pensar, a tenor de los múltiples casos de corrupción, malversación, prevaricación, cohecho, asociación ilegal…, con los que nos inundan los medios de comunicación día tras día, que estos principios, los poderes públicos, se los están saltando a la torera.

La raíz posible de todos los males que afectan a la independencia judicial, podría radicar en la elección de los miembros que componen su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, cuya principal razón es velar por la independencia de jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. El problema es que reduciéndolo a lo absurdo, fiscalizan a quienes les nombran, con lo que se genera un bucle improductivo por definición. Este CGPJ lo integran 21 miembros, 1 el Presidente que lo es también del Tribunal Supremo, elegido según  el Artículo 585 LOPJ. Los otros 20 vienen determinados por la Constitución de 1978 (artículo 122). Como queda resumido en el siguiente cuadro, tras la modificación introducida por la Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, sobre composición del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Desglosando el cuadro comprobamos que 10 miembros son elegidos por el Congreso y otros tantos por el Senado. Eligen las mayorías de los mismos, con lo que es de suponer que obedecen a los intereses de los partidos mayoritarios, dando una primacía a los partidos que deslegitima, por tendenciosa esta proclamación. Tanto es así que nos encontramos asociaciones de jueces encuadradas bajo títulos como conservadoras o progresistas, lo que nos dice todo. ¿Quién muerde la mano del que le da de comer? En la tan aclamada transición a la democracia en España, la trasmisión de poderes desde el régimen dictatorial, no supuso una ruptura con lo anterior, sino la incorporación de los mismos al nuevo sistema. Esta operación se camufló por medio de los partidos políticos, circunstancia que en la actualidad ha provocado innumerables casos de corrupción, que han forzado la aparición de nuevas fuerzas políticas, impotentes ante un sistema montado para continuar con el pasado.

Todo ello ha convergido en que el Poder Judicial en España este en tela de juicio, que la ciudadanía haya perdido la esperanza en que dicho poder garantice una justicia igual para todos, que de respuesta a los ciudadanos en sus derechos individuales y colectivos. Configurando un CGPJ desprestigiado, carente de independencia, deslegitimado por la colonización partidista que invadido todos los poderes democráticos. De la taimada independencia, hemos convenido a la dependencia del bipartidismo surgido de la transición/trasmisión, post-franquista, que ha sostenido una contradicción tal como la monarquía parlamentaria.

Las afirmaciones contenidas en la CE, como que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 14). O que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1), son bonitas palabras llenas de grandilocuencia, pero ¿Cómo ser iguales en una monarquía? ¿Cómo una monarquía puede ser parlamentaria? ¿El parlamento no es lugar donde se expresa la voluntad del pueblo? ¿Cuándo se voto la monarquía?

Desde luego, para que la triada, legislativo, ejecutivo y judicial funcione, es necesaria la independencia entre poderes, teniendo como valores superiores la aplicación social del sentido común con el objetivo del bien común, no por evidente hay que dejar de repetirlo. Evitando que el Poder Judicial se convierta en un poder autocrático, en el que la voluntad de una persona, interés o partido sea suprema ley.

@Polithiquea

Anuncios
Minientrada | Esta entrada fue publicada en Autocracia, Bipartidismo, Instituciones, Justicia, Poder, Poder Judicial, Sistema político. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s