REFORMA CONSTITUCIONAL

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La monarquía no ha hecho más que especular sobre los vicios españoles, y su política ha consistido en aprovecharlos para su exclusiva comodidad.

José Ortega y Gasset.

Que la Constitución española no conecta con la realidad social es tan evidente como que la realidad política no conecta con la ciudadanía. No cabe duda de que este desajuste tiene que ser resuelto, condición sine qua non para una convivencia alejada de las conveniencias de las élites políticas y sus patrocinadores del mundo empresarial. La mejor forma de regular las condiciones de juego, hasta el día de hoy, pasan por consensuarlas en documento escrito. Actualizándolo para adecuarlo a los nuevos escenarios que van surgiendo como consecuencia de la evolución social de la ciudadanía.

En España, en el ámbito de las relaciones sociales, políticas y económicas el documento que recoge tales prerrogativas es la Carta Magna. La actual publicada en el BOE, el 29 de diciembre de 1978, gozó en su momento de un amplio consenso, en parte por las cesiones de aquellos partidos que antepusieron la estabilidad social tras la larga noche convulsa, dejando para mejor momento cuestiones básicas como el modelo territorial, la monarquía o el sistema electoral, que fueron tratados para salir del paso, con el famoso café para todos, manteniendo al designado por el Dictador o premiando electoralmente el bipartidismo de los dos grandes partidos del momento. Ya en pleno siglo XXI, esos tres grandes temas han implosionado, la cuestión catalana, el caso Nóos, o la fragmentación parlamentaria han puesto en tela de juicio la necesidad de una revisión profunda de la Constitución con objeto de adecuarla a los nuevos escenarios surgidos en la esfera internacional.

Reformar la Constitución conlleva alcanzar un elevado grado de consenso social y político. Podríamos preguntarnos que podemos esperar de un texto, redactado por ponentes provenientes de la dictadura, manteniendo como símbolo el escudo del dictador en su primera página. Además, fue sancionada por quien como sucesor del Dictador juró defender los principios y valores impuestos durante la larga noche de la dictadura, de manera que amaneció un texto rígido, difícil de renovar excepto cuando interesa a los de siempre. La primera reforma en 1992, consistió en añadir, en el artículo 13.2, la expresión “y pasivo” referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. La segunda, más parece una contrarreforma en 2011, consistió en sustituir íntegramente el artículo 135, con las sabidas consecuencias.

No obstante en el Título X, viene regulada la posibilidad de reforma. Mediante dos procedimientos de reforma el ordinario y el agravado. Este último, se refiere a la reforma del Título preliminar (principios constitucionales), al Capítulo segundo, Sección primera del Título I (Derechos fundamentales) y al Título II (De la Corona); requiere, una vez aprobada dicha reforma por la mayoría de 2/3 de cada Cámara, la disolución de las cortes. Las nuevas Cámaras elegidas deberán ratificar el texto y aprobarlo por mayoría de 2/3, posteriormente la reforma será sometida a referéndum para su ratificación. Para el resto del articulado se utilizará el procedimiento ordinario, siendo necesaria la aprobación por mayoría de 3/5 en cada Cámara, si no hubiera acuerdo, sería suficiente la mayoría absoluta del Senado y mayoría de 2/3 del Congreso, solo se someterá dicha reforma a referéndum cuando así lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, la décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Con estos matices podíamos asegurar que el procedimiento ordinario, es rígido, aunque ha permitido las dos reformas del texto, tan solo con el acuerdo de los dos partidos dominantes, PP y PSOE. Mientras que el segundo, el agravado, es de bloqueo. Basta con considerar que el contexto en el que se fraguó la Constitución del 78, en plena transición/trasmisión hacia la democracia, donde los poderes fácticos provenían todos del régimen totalitario anterior, donde el debate estaba reducido a unos pocos foros de notables, donde el pueblo sometido bajo la lápida del silencio político no podía, por miedo, expresarse en libertad, donde las relaciones internacionales eran inexistentes. Pues bien, todos estos agravantes y otros, no auguran un texto que pueda dar respuesta a las relaciones dentro de un entorno globalizado, donde las diferencias han de ser respetadas, donde la igualdad ante la ley, en derechos, en deberes, deje de ser un lema, donde de una vez por todas la separación entre la política y la religión sea una realidad que nos permita crecer en un espacio medioambientalmente sostenible.

Los agoreros de la política dicen que no es el momento, ahora tenemos un parlamento fragmentado, dicen que falta estabilidad, cuando quieren decir que no tienen el control. Pero qué momento mejor, cuando todos velan por el interés general, que en unas Cámaras multipartidistas se debata no ya la reforma, sino la elaboración de una nueva Constitución en la que tengamos cabida tod@s.

 

Politiquea, que algo queda.

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