DIPUTACIONES PROVINICALES

DIPUTACIONESPACTO INVESTIDUIRA R

 

Cuanto mejor constituido se halla el Estado,
más prevalecen los asuntos públicos sobre
los privados en el espíritu de los ciudadanos.
Jean-Jacques Rousseau

 

 

Tras duros años de restricciones, ajustes y recortes, sufridos durante la presidencia de gobierno de Mariano Rajoy Brey, resulta que el escollo más importante, la reforma más necesaria, no es otra que la supresión de las diputaciones provinciales. No sabemos cómo, ni por qué, pero el tema de necesidad o no de las diputaciones provinciales ha irrumpido de sopetón en la agenda política.

El Estado se organiza, según artículo 137 de la Constitución española de 1978, territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Siguiendo la Carta Magna el artículo 141 dice, en el punto 2, que el Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo; y en el punto 4, que en los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos, en Canarias o Consejos, en Baleares.

Tras estas consideraciones haciendo un poco de historia vemos que la Provincia es una división territorial, heredada del exclusivo pensamiento centralizador que se nos inoculó desde la vecina Francia. Las provincias como tal fueron concebidas con la Constitución de 1812. El 21 de octubre de 1833, al comienzo del reinado de Isabel II, bajo la regencia de María Cristina de Borbón, fue nombrado Secretario de Estado de Fomento bajo el ministerio de Cea Bermúdez, el afrancesado Javier de Burgos estableciendo la división territorial por provincias, 49 en un primer momento, hasta 1927 cuando la provincia del Archipiélago Canario quedó integrada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife que englobó las islas occidentales de Canarias, y la provincia de Las Palmas las islas orientales. Sin embargo no es has el Estatuto de 1925 cuando la Provincia es reconocida como ente local. Por tanto ha perdurado durante monarquías absolutas, regencias, repúblicas, dictaduras y dictablandas, hasta la monarquía parlamentaria que tenemos en la actualidad.

Las funciones que tiene encomendadas, afectan a municipios de menos de 20.000 habitantes, más de 7.700 en toda España de los 8.125 totales. Se trata de coordinar y garantizar la prestación de servicios, jurídicos, económicos y técnicos, en todos ellos, equilibrando sus necesidades. Tienen un total de 62.159 trabajadores, lo que supone sólo el 2,8% del total de empleados al servicio de las distintas administraciones públicas. De ese total, 30.406 son funcionarios, 36.733 personal laboral y 9.012 otro personal. Además de 1.040 diputados, distribuidos de forma desigual según la población de cada provincia. El presupuesto total de todas ellas asciende a unos 25.546 millones de euros según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De los cuales 19.775 los gestionan las Diputaciones Forales. En total tenemos 41 diputaciones, incluyendo las forales de las provincias del País Vasco y teniendo presente que las 7 comunidades uniprovinciales, en las que los gobiernos autonómicos absorbieron sus competencias.

Con estos precedentes podemos colegir que ni son muy grandes, ni gastan, mucho ni tienen tropecientos mil empleados. Lo que no obsta para que se puedan realizar estas funciones con otra tipo de organización o redimensionando las existentes, pero en ningún caso hemos escuchado argumentos sólidos que avalen propuestas alternativas. Desde luego que tienen problemas de configuración democrática en la elección de segundo grado de sus representantes y seguro que necesitan una reforma que actualice su actividad. Pero pueden ser un ente descentralizador y contrapoder a las políticas centrales defendiendo a las minorías de la periferia. Estamos inmersos en una etapa de cambio y como tal todo puede cambiar, pero no a bote pronto, mejor con votos en las urnas.
Punto de administración electrónica.01-03-16Igual alguien piensa que un Centro ADMINISTRATEL, es la mejor solución en las relaciones entre el ciudadano y la administración, igual tenemos que prescindir de las relaciones humanas que en aras de las soluciones tecnológicas. O igual tenemos que regresar a la política, el tiempo lo dirá.

 

 

Punto de administración electrónica.01-03-16

 

@Polithiquea

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